Los abogados defensores de la junta de Joan Laporta han coincidido hoy en señalar que los socios de la Asamblea de Compromisarios en la que se votó a favor de presentar la demanda de responsabilidad contra la junta saliente estaban "intoxicados" y no tuvieron suficiente información.
El juicio por la demanda interpuesta por la junta de Sandro Rosell contra sus antecesores ha llegado hoy a su novena jornada, en la que otro de los caballos de batalla de la defensa ha sido ahondar en la idea que si el Barça ha presentado una demanda por responsabilidad objetiva, y no subjetiva, la primera no se puede aplicar contra la junta saliente de Laporta.
"Aún en el supuesto de que existieron pérdidas como resultado del ejercicio 2009-10, para responsabilizar a los directivos las citadas pérdidas deberían ser reales y no sólo asientos contables que no implican, ni se ha acreditado, una pérdida real para el Barça. Las anotaciones únicamente se han formulado para el supuesto de imputar responsabilidad a la junta saliente", ha señalado el letrado Ramón Torres.
En la Ciudad de la Justicia de Barcelona se ha celebrado hoy la novena jornada del juicio contra la directiva de Joan Laporta -que finalizará el lunes-, por la demanda interpuesta por el FC Barcelona, que reclama a los gestores salientes que paguen las pérdidas de siete años de mandato.
Los abogados de la defensa que aún debían expresar sus conclusiones se han centrado en descalificar la puesta en escena que se llevó a cabo en la Asamblea de Compromisarios del 16 de octubre del 2010.
En aquella reunión ordinaria, el club, ya dirigido por Sandro Rosell -quien dimitido el pasado enero-, presentó ante los compromisarios las cuentas reformuladas por su junta, después de haber desistido presentar las que cerró Laporta, con 11,1 millones de euros positivos.
Las cuentas de la nueva junta, cercanas a los ochenta millones de pérdidas, fueron votadas por los socios a quienes se presentó la posibilidad de emprender una demanda contra la junta saliente por las pérdidas acumuladas de 47 millones de euros.
"Queremos señalar que la junta de Rosell interpuso una demanda en base a un mandato recibido por una Asamblea desinformada y manipulada", ha dicho el letrado Ramón Torres, de la parte demandada.
Los letrados que hoy han expuesto sus conclusiones ha incidido en persuadir al juez que lleva el caso, José Manuel Martínez Borrego, de que los socios en la Asamblea no estuvieron bien informados, después de que el propio juez se interesase en anteriores jornadas por si el club había transmitido la reunión por televisión.
Además del insistente énfasis de que en la Asamblea de Compromisarios de octubre de 2010 en la que se aprobó la demanda no hubo "transparencia" y que se dio "información sesgada", la defensa ha vuelto a señalar al equipo de Rosell de haber actuado de "mala fe".
"La demanda y las actuaciones de la junta del señor Rosell nada tienen de actuación objetiva, sino totalmente subjetiva y encaminada a conseguir un único fin: obtener de la Asamblea el encargo de ejercitar la acción de responsabilidad", ha apuntado el letrado Rafel Torres.
"Se habla de gastos de gestión suntuosos, superfluos, viajes no deportivos... indicando expresamente que lo que se esperaba de los directivos era buenas prácticas de gestión, es decir, se estaba acusando e introduciendo la mala gestión que encaminaría necesariamente a una acción subjetiva, que curiosamente dice la parte demandada que no ejercita tras el acto en la audiencia previa", ha recordado el abogado de la defensa.
A este respecto, ha recordado lo que ha sentenciado el Tribunal Supremo respecto a la responsabilidad objetiva: "Los casos de responsabilidad objetiva deben estar previamente determinados en la norma legal, porque en nuestro sistema sigue rigiendo la culpa, según el Código Civil. Ayer el letrado del Barcelona aclaró que la acción se determinaba en el deber de no gastar más de lo que se ingresa".
Por su parte, el letrado Josep Maria Solsona, en defensa del exdirectivo Josep Cubell, se ha referido a que la Asamblea incumplía "flagrantemente" el principio de objetividad y de información, además de recordar que era a la junta entrante a la que correspondía presentar ante los socios las cuentas en las que acreditaban unos beneficios del 11,1 millones de euros.
Se ha subrayado también que los números reformulados por Rosell en la Asamblea sólo perseguían un objetivo, el de presentar a los socios una situación difícil del club, "una maniobra para conseguir el patrocinio de Qatar", algo que diferentes letrados de la defensa han apuntado en las anteriores jornadas.
Al margen de la posición general expresada por los letrados hoy, algunos de ellos han hecho énfasis en el criterio que ha seguido la parte demandante para solicitar el pago mancomunado de las pérdidas, cuando muchos de los exdirectivos demandados cumplieron periodos muy variados de mandato.
"No se ha tomado el criterio de imputabilidad lógico, que es responder por el periodo de gestión de cada uno. No hay un criterio lógico de atribución mancomunada", ha reclamado el letrado Sergi Palmes Oranich.
Por su parte, el letrado Jani Trías ha defendido que las cuentas que presentó Joan Laporta "no produjeron ningún daño que se tenga que resarcir. Ha sido una cuestión de equilibrar balance".
Trías ha señalado que para los directivos, en el futuro, podría ser un "incentivo" vender a algún jugador antes de cerrar el mandato para lograr un gran beneficio que impida que una junta entrante pudiera dar la vuelta a los números en una reformulación, y ha dicho que si Laporta hubiese traspasado a un jugador en su adiós, como por ejemplo Messi, hubiese tenido un beneficio millonario.
"Aunque si ello hubiese pasado, los auditores también hubiesen buscado con más celo si cabe en las cuentas. Porque esta es otra, el celo de los auditores de Deloitte con la cuentas de Laporta ha ido más allá de los exigible", ha señalado el letrado que defiende al exvicepresidente Alfons Godall.
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